Caso Oaxaca.

La decisión de la Comisión Permanente del Congreso, al nombrar una comisión legislativa que investigue los hechos que todo el país sabe que han ocurrido y están ocurriendo en Oaxaca, permite vislumbrar hasta a los menos avezados interpretes políticos, que el gobernador Zarate Aquino, por el momento al menos, se ha salvado, al congelarse la situación. Un eminente estadista centroamericano decía que la mejor manera de no resolver un problema es nombrar una comisión.

Y en este caso, lo que parece haber predominado en el ánimo del más alto cuerpo legislativo del país es la necesidad de preservar al principio de autoridad, según su criterio, vulnerado por los opositores al gobernador.

Creyentes en la teoría del domino, parecen haber temido que la caída de Zarate Aquino acicateara a los opositores en otros Estados que también se debaten en serios problemas, y se produjera una reacción en cadena.

De cualquier modo, tan prudente y juicioso proceder no puede ser llevado a la práctica de modo simplista, porque si en aras del principio de autoridad se apoya a quien moralmente la ha perdido, solo se estará echando combustible al fuego. Y la historia reciente demuestra que un mal manejo de situaciones conflictivas limitadas desemboca en lamentables crisis generales. Es altamente deseable pues que la comisión cumpla a conciencia su cometido y entregue a la opinión pública una versión exacta de los hechos y al pueblo oaxaqueño una decisión cabal y justa.

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